La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reafirmó la legalidad del cobro del servicio urbano por parte de las alcaldías. Esto luego de que en la sentencia 209 del 2 de mayo «desechara» una apelación que se presentó contra un fallo del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario en el que se declaró sin lugar el recurso contencioso tributario interpuesto «conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos e innominadas», como sanción por no cumplir con los pagos de la empresa de servicio de aseo urbano Fospuca.
La Sala Político Administrativa declaró la primera sentencia «firme» al «no haber sido objeto de apelación por la empresa recurrente ni desfavorecer los intereses del fisco municipal, lo decidido por el Tribunal de la causa al declarar la improcedencia de la solicitud de desaplicación por control difuso de la constitucionalidad de los artículos 5 de la Reforma Parcial de la Ordenanza de Tarifas correspondientes al aseo urbano y domiciliario del municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda»
Declaró sin lugar la apelación ejercida por la representación en juicio de la empresa Surnet Telecom, C.A. contra la sentencia definitiva Nro. 2343 del 24 de noviembre de 2022, dictada por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual se «confirma», en los términos expuestos en este fallo, exceptuando el pronunciamiento sobre las costas procesales.
Se indicó que las alcaldías tienen la potestad de adoptar las medidas necesarias, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de aseo urbano y domiciliario.
Las diatribas con Fospuca no son cosa nueva. A finales del año pasado, la Asamblea de Ciudadanos de Caroní denunció que durante 2023 la empresa emitió -para ese momento- más de 70 demandas por solicitud de embargo a comercios.
También en el municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui, empresarios ejercieron un recurso legal, ante el bloqueo y el impedimento del pago de otros impuestos.
Las quejas además, son por e cálculo de las tarifas, las cuales se basan en la extensión del espacio que ocupa el negocio y no de los desechos que genera, esto gracias a las normas establecidas por las alcaldías. Lo anterior hizo del servicio como el más costoso de Venezuela.
Con información de Tal Cual