La presidenta de la Cámara Municipal de Simón Rodríguez concejal Sheylla Ochoa, elevó un exhorto a la a la alcaldía a fin de que se ordene el cese de la Inmobiliaria Municipal Tigreanopolis, entre otras cosas por controlar bienes municipales
Ochoa aseguró que a través de un Decreto Municipal firmado por el ex alcalde Ernesto Paraqueima, Tigreanopolis funciona de manera forma ilegal, además lo hace cumpliendo funciones del ente Concejo y Hacienda Municipal.
La presidenta del ente edilicio detalló las funciones de esta inmobiliaria en instancias como el Mercado Municipal, Matadero, comedor popular, Paseo de la Virgen y Parque Mopito Figueredo, resaltando que en esta última “funciona una empresa de esparcimiento familiar en un ejido municipal. Bajo qué concepto ésta empresa le dio utilidad pública a estos empresarios? no lo sabemos”.
Ochoa recordó al además que existe un proceso judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia sobre esta empresa, por lo que el pasado 8 de junio de este año, enviaron un informe con una serie de observaciones a la Contraloría Municipal relacionados a este caso.
Igualmente solicitaron que se realice una investigación sobre los procesos de funcionamiento de esta empresa. “De manera extraoficial conozco que se está realizando un trabajo donde deben justificar a dónde van los ingresos”, resaltó, manifestando además que están a la espera del informe que debe emitir la Contraloría.
La edil conminó a la alcaldesa Lilys Osuna a tomar los correctivos ante está situación, ya que a 100 días de ejercer el cargo frente al ejecutivo municipal, está empresa sigue funcionando y controlando bienes municipales pasando por encima de la Cámara Municipal. “También estamos viendo que se hacen pagos sin pasar por Hacienda Municipal. Es un tema delicado que está pasando en el municipio”, expresó.
Finalmente dijo que debido a ciertas irregularidades durante durante la creación de esta empresa como que no tuvo admisión en Cámara y fue aprobada en primera y segunda discusión en un solo día, junto a su homóloga Carmen Ramírez, solicitaron se aplique un recursos de nulidad de la ordenanza ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
